Sello HRS4R
Mentoría para la investigación Euriclea
Alba Junquera
El estudio, financiado por la Dirección General de Ordenación del Juego, describe la prevalencia y los factores asociados al consumo de sustancias en jóvenes jugadores de entre 14 y 18 años. Para ello, se llevó a cabo un estudio observacional que comparó datos de la encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), realizada en el año 2018 y otra en el año 2021, lo que permitió estudiar la situación tanto antes de la pandemia como después. La muestra estuvo compuesta por 7.960 estudiantes.
Las sustancias estudiadas fueron el alcohol, la marihuana, el hachís, la cocaína y diferentes tipos de drogas psicoactivas. También se estimó el efecto de variables sociodemográficas, variables relacionadas con los videojuegos e internet, la percepción del riesgo y la disponibilidad de las sustancias mencionadas.
Los resultados, publicados en la revista Scientific Reports, mostraron un descenso del consumo de alcohol y marihuana entre 2018 y 2021. Además, se determinó una mayor probabilidad de consumo de sustancias en adolescentes jugadores de 17 y 18 años. Los jóvenes que apuestan dinero y que afirmaron tener fácil acceso a estas sustancias mostraron una mayor probabilidad de consumir alcohol, marihuana, fármacos tranquilizantes, sedantes y cocaína, entre otras. Asimismo, este grupo mostró no percibir ningún tipo de riesgo para la salud asociados al consumo. El estudio también reflejó que la marihuana y el alcohol son las sustancias más consumidas.
Este trabajo ha sido desarrollado por dos grupos de investigación de la URJC: El grupo de investigación de alto rendimiento en Humanidades e investigación cualitativa en Ciencias de la Salud (Hum&QRinHS) y el grupo de investigación consolidado en Epidemiología del Medicamento (RESEPMED).
“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la prevención y el manejo del consumo de sustancias en adolescentes jugadores”, destaca Domingo Palacios Ceña, investigador principal del proyecto.
El estudio concluye con la necesidad de desarrollar programas específicos dirigidos al consumo de mayor riesgo y reforzar las campañas de sensibilización sobre sus consecuencias para la salud y la sociedad. Además, propone incorporar al debate científico, político y de seguridad la reevaluación de las medidas que regulan el acceso de los adolescentes tanto a sustancias legales como ilegales.