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星期三, 01 7月 2020 07:00

Garantizar los derechos culturales de la ciudadanía

Un informe elaborado por la profesora de la URJC, Beatriz Barreiro, junto con un profesor de la UCM, analiza la evolución de las políticas culturales y apuesta por dar más voz a los ciudadanos en la conformación de las mismas en el futuro.

Raúl García Hémonnet

El estudio se titula 'Los derechos culturales. Hacia una nueva generación de políticas públicas. Situación y compromisos de España con la Comunidad Internacional', ha sido publicado recientemente por la Fundación Alternativas, y su coautora es la profesora del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Beatriz Barreiro. En él, los autores analizan que“después de décadas de políticas culturales democráticas emerge una consideración general de que los servicios culturales que ofrece el Estado (en sus diferentes niveles) a la ciudadanía parece que pueden ser voluntarios y/o circunstanciales”.

Ante esta situación y teniendo en cuenta las necesidades sociales, los docentes consideran necesario “desarrollar una definición (o redefinición) del concepto de Interés General y Bien Común en el sector cultural de forma participada y equilibrada superando viejos principios que priorizan algunos ámbitos culturales (patrimonio, institucionalidad, grandes equipamientos, etc.) de otros campos de la vida cultural o formas que la ciudadanía adopta para satisfacer sus necesidades culturales en el ejercicio de sus derechos. Buscando un equilibrio entre la función del Estado, el mercado y la iniciativa del tercer sector”.

Abogan, así mismo por la necesidad de un diagnóstico más amplio a la hora de elaborar las políticas culturales de las sociedades contemporáneas que tengan en cuenta la diversidad de estas sociedades y la igualdad en el acceso a la cultura y la participación cultural.

En este sentido citan experiencias para el establecimiento de unos “servicios culturales mínimos”, para garantizar el derecho a participar en la vida cultural de acuerdo con las particularidades contextuales y la disposición de recursos. Los autores mencionan la entrega de un 'vale/bono' o tarjeta para facilitar el consumo de estos servicios y bienes, que se ha llevado a cabo en Navarra. Así mismo el establecimiento, en Francia del “servicio público universal de la cultura”.

Más participación ciudadana

Aunque los autores reconocen lo positivo de estos 'servicios', recomiendan en su informe que “ se establezcan a partir de procesos de participación ciudadana teniendo en cuenta la tradición, la situación cultural de su entorno, la atención de las necesidades intergeneracionales y la realidad socioeconómica”.

Los servicios mínimos son un compromiso en clave de pacto social para la cultura por parte del Estado. Diferenciando estas políticas de aquellas de atracción de turismo por medio de la cultura con la oferta de servicios básicos culturales, que han de beneficiarse de otras estrategias, aunque pueden estar relacionadas, señala el informe.

Los autores plantean dos “ideas fuerza claves” como inspiradoras de unas políticas públicas culturales que respondan de forma adecuada a los retos de la sociedad española contemporánea respetando y promoviendo la dignidad del ser humano.

De un lado, señalan, “la idea del acceso de la ciudadanía (y, sobre todo, la participación en) la vida cultural. De otro, la idea de que una sociedad sana y fértil en la creación de proyectos comunes compartidos, necesita respetar y promover la diversidad cultural, con plena atención a las personas pertenecientes a comunidades culturales minoritarias”.

Derechos humanos y política cultural

El informe apuesta por poner los Derechos Humanos y culturales en el centro de las políticas públicas relacionadas con este ámbito, en este sentido los autores consideran que este es un terreno “aun virgen” en lo que respecta a España que está aún casi sin explorar, tanto en la teoría como en la práctica en lo que se refiere a las expresiones culturales de las comunidades minoritarias, entendiendo cultura como un concepto amplio.

Defienden que no existe un único modelo y que cada sociedad debe atender sus propios contextos, Así, un modelo puede funcionar en un país y no necesariamente en otro, y llaman a reflexionar sobre esta cuestión ante el auge de los populismos xenófobos cada vez más presentes en la sociedad, tomando como ejemplo los límites de los modelos británico y francés en esta materia.

Apuestan por que los Estados y España en concreto trabaje en la combinación de la perspectiva de la no discriminación y de la promoción de expresiones culturales/religiosas con otras que aparecen, en su opinión “como claramente necesarias para evitar de un lado, tanto la invisibilidad de las expresiones culturales minoritarias y su pérdida - cuando se trata de expresiones vivas que permiten a los miembros de un grupo la protección y protección de su dignidad como de otro, una suerte de sobreprotección de las expresiones religiosas”.

Por eso parece interesante dar cabida, indican los autores junto con este principio básico de derechos humanos, a propuestas como la los movimientos para un Estado Laico, en cuanto tal combinación permitiría, en nuestra opinión, evitar una concepción de la cultura (y la religión) como compartimentos estancos en que las diferentes comunidades culturales y religiosas no tienen apenas estímulos para interactuar en el espacio público.

Ley de Cultura y protección de la participación

Se inclinan así mismo, por “el desarrollo de una ley general de cultura basada en un enfoque de derechos humanos culturales que refleje los avances desarrollados en el Derecho Internacional y recogidos en el informe, y que, de hecho, vinculan a nuestro Estado. Así, esta ley podría recoger la posibilidad incluso de que el derecho de participación en la vida cultural sea judicializable”,

En definitiva, señalan “en el contexto actual donde confluyen crisis de los estados nación con dificultades de articulación de la legitimidad democrática la cultura puede jugar un rol importante. En este sentido se propone una cierta evolución de políticas culturales de estado a políticas culturales para la ciudadanía donde el papel del estado evolucione hacia una función facilitadora del ejercicio de derechos y garantía. Un enfoque en derechos para las políticas culturales permite avanzar hacia una mayor inclusión de las necesidades culturales en el catálogo de necesidades colectivas que los estados modernos han de garantizar a la ciudadanía para unos plenos derechos humanos”.