Redacción/Raúl García Hémonnet
La reunión institucional sirvió para trasladar propuestas clave sobre el acceso a la universidad de personas con discapacidad, la prevención del fraude académico y el análisis de la conflictividad en las aulas españolas.
Entre los asuntos de actualidad debatidos, ambas partes analizaron el impacto del fraude académico en los exámenes y el papel crucial de las nuevas herramientas tecnológicas para su prevención y detección, así como la repercusión de las recientes leyes autonómicas de educación superior en la garantía de derechos de la comunidad universitaria.
Reconocimiento directo de la discapacidad sin trabas burocráticas
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la entrega del informe presentado por la CEDU (originado inicialmente en la red de Defensorías Andaluzas, REDUAN) sobre la acreditación de la discapacidad para el acceso a la universidad. En dicho documento, las Defensorías Universitarias defienden que la resolución administrativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que reconoce una incapacidad permanente absoluta o total debe ser suficiente para acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Esta medida busca evitar que los estudiantes queden excluidos del cupo de reserva del 5 % de plazas o de la exención de tasas por culpa de los retrasos administrativos de los órganos autonómicos, que en ocasiones demoran hasta tres años la expedición del certificado. La CEDU fundamenta esta propuesta en la legislación estatal de derechos de las personas con discapacidad y los principios de simplificación y eficacia administrativa.
Un diagnóstico del sistema universitario
Asimismo, desde la Defensoría de la URJC, como parte de los autores, se presentó las conclusiones del Informe de Informes de las Defensorías Universitarias 2023, un exhaustivo estudio que recopila y analiza los datos de 47 universidades españolas para ofrecer una radiografía global de las incidencias atendidas por las defensorías. Dicho estudio fue propuesto por el propio defensor del pueblo en 2022.
El informe evidencia que, aunque los estudiantes representan el 71 % de los casos planteados —principalmente ligados a evaluaciones, docencia y matriculación—, el personal docente e investigador (PDI) genera el 18 % de las actuaciones, reflejando un uso intensivo de estos órganos para la resolución de conflictos sobre convivencia y condiciones laborales.
Como señala Alberto Sánchez Campos, defensor universitario de la URJC, “hemos debatido sobre el presente y el futuro de las defensorías universitarias, compartiendo visiones y profundizando en el valor de nuestra labor institucional. Como reflexiones a tener en cuenta, por ejemplo, sacó que debemos trabajar sobre el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos y la toma de conciencia de los propios límites, para poder actuar con rigor y serenidad al gestionar situaciones tan sensibles y complejas como las que vemos en nuestro quehacer diario”. Sánchez Campos ha añadido que, “seguimos sumando sinergias, construyendo puentes e impulsando una comunidad universitaria más justa y equitativa”.
El encuentro concluyó con el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo los canales de comunicación y trabajo conjunto entre el defensor del pueblo y las Defensorías Universitarias, reafirmando la función esencial de estas instituciones en la salvaguarda de los derechos fundamentales, la inclusión social y la mejora continua de la calidad en la Educación Superior.
En la reunión participaron una delegación de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU), compuesta por su presidente (Ángel Antonio Rodríguez Sevillano, UPM), su vicepresidenta (Mercedes Lomas Campos, US) y un vocal (Alberto Sánchez Campos, URJC). Se ha reunido con ha mantenido un encuentro de trabajo con el defensor del pueblo español ( Ángel Gabilondo) y miembros de su equipo, tales como la directora del Área de Educación, Cultura y Empleo, (Teresa Siso) y la técnica del mismo Área (Carmen Castañón)- Esta reunión, solicitada tras la renovación de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, ha permitido abordar preocupaciones comunes y presentar importantes documentos estratégicos para el futuro de la universidad pública y privada en España.